Causas ambientales: cuando el derecho necesita sumar otras voces
Especialistas del Poder Judicial debatieron sobre los límites de los procesos tradicionales frente a conflictos ambientales. Coincidieron en la necesidad de sumar disciplinas y apoyarse en el conocimiento generado por universidades públicas.
30-06-2025
¿Qué pasa cuando un conflicto ambiental llega a la justicia? ¿Se lo trata como cualquier otra causa penal o civil? ¿Qué herramientas tienen los jueces y abogados para entender, por ejemplo, el impacto de un derrame tóxico, la contaminación de un río o el daño a un humedal? Estas fueron algunas de las preguntas que se abordaron durante el encuentro Nuevos paradigmas procesales en materia de judicialidad ambiental, organizado por el Instituto de Derecho Público.
Desde el inicio de la actividad, que se transmitió en vivo por el canal de YouTube de la UNTREF, quedó claro que los procesos judiciales tal como están pensados no alcanzan para dar respuesta a las particularidades de los conflictos ambientales. En palabras de la jueza Karina Yabor, “los abordábamos como si fueran casos penales tradicionales, como un secuestro extorsivo. Y no, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo todo mal”.
En ese sentido, se remarcó el rol clave de las universidades. “Las universidades públicas tienen saberes que los abogados no tenemos. Cuando hay un problema ambiental, los abogados deberían saber a quién consultar: un nombre y apellido para resolver el tema. Eso no está pasando hoy”, advirtió el abogado Homero Bibiloni, especialista en derecho ambiental.
Bibiloni señaló ciertos desafíos que enfrenta el sistema judicial actual: “Las causas duran mucho, las sentencias se cumplen tarde o a medias, y muchas veces son meramente jurídicas, no socioambientales. El sistema judicial no dialoga con el sistema científico. Eso tiene que cambiar”, dijo.
Por otra parte, la jueza Luciana Díaz Bancalari dio cuenta de herramientas concretas para acelerar los procesos judiciales. Entre estas, mencionó a las audiencias. “Una audiencia puede acortar el proceso en años. Hay que dejar de pensar que la única vía es la burocrática. Además, para dictar una buena resolución ambiental, los jueces necesitamos el aporte de especialistas de otras instituciones”, sostuvo. En ese punto, también subrayó el valor del Acuerdo de Escazú, tratado internacional aprobado por Argentina, que obliga a garantizar el acceso a la justicia ambiental y protege a quienes defienden los derechos humanos en esta materia.
La conclusión que se desprende del encuentro que se enmarcó dentro del Ciclo de Actualización Permanente en Derecho Público del IDP fue clara: la formación judicial actual no alcanza para responder a los desafíos ambientales del presente. No porque falte voluntad, sino porque los conflictos ambientales demandan otros saberes, otros tiempos y otras formas de pensar.
En este sentido, la directora del IDP y de la Maestría en Abogacía del Estado, Gabriela Stortoni valoró la iniciativa y dijo: “Desde el derecho administrativo, lo ambiental siempre nos resulta atractivo, pero muchas veces queda lejos de la práctica. Nos falta bajar a tierra conceptos como el principio precautorio o el de progresividad. Estos espacios de intercambio nos abren nuevas perspectivas”.
Para concluir Stortoni dio cuenta de la necesidad de trabajar en equipo al indicar: “todo se hace en grupo. Nada se concreta desde el individualismo”.
El evento fue moderado por Agustín Fernández Bertuzzi y está subido en el siguiente enlace
